GEO Group demanda a California por su ley sobre detenidos

Una de las mayores empresas que operan centros de detención de inmigrantes por contrato con ICE, The GEO Group, demandó al estado de California para frenar una ley recién firmada que le exige respetar derechos de las personas detenidas por motivos migratorios. La demanda se presentó el 30 de septiembre de 2026, un día después de que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley.

Qué pasó

El 29 de septiembre, Newsom firmó la SB 942, llamada «Ley de Derechos de los Detenidos Civiles de 2026», autora de la senadora Anna Caballero y patrocinada por el fiscal general Rob Bonta. Como se aprobó como ley de urgencia, entró en vigor de inmediato.

Al día siguiente, GEO presentó una demanda en el Tribunal Federal del Distrito Este de California (caso 1:26-cv-08059) contra Bonta, en su calidad de fiscal general del estado, que es quien debe hacer cumplir la ley.

Qué dice la SB 942

Según el resumen oficial de la ley que cita la propia demanda, las personas detenidas por procesos migratorios civiles en California tienen derechos garantizados por la ley federal y la de California, salvo que alguna norma los limite de forma expresa. Eso incluye los centros estatales, de condado, locales y privados, y expresamente los que funcionan por contrato con ICE o con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La ley le da al fiscal general herramientas para hacerla cumplir:

• Puede demandar en nombre del estado para pedir órdenes de la corte.
• Puede pedir una multa de hasta $2,500 por cada violación.
• Los operadores deben darle acceso a los detenidos, las instalaciones, el personal y los registros.

Según la demanda, entre los derechos que la ley incorpora hay normas sobre atención médica, comunicaciones, correspondencia con abogados, materiales legales, visitas, alimentación y condiciones sanitarias. Las organizaciones y legisladores que la apoyan, entre ellos Caballero, sostuvieron en las audiencias que ninguna empresa privada que encierre personas en California debería quedar fuera de las leyes del estado, aunque tenga un contrato con el gobierno federal.

Qué alega GEO

La empresa, con sede en Florida, opera en California los centros Mesa Verde, Golden State Annex y Central Valley Annex, con un contrato con ICE firmado en 2019. Su demanda tiene cuatro reclamos: que la ley viola la inmunidad intergubernamental, que está desplazada por la ley federal (dos reclamos) y que afecta sus contratos, algo que prohíbe la cláusula de contratos de la Constitución.

El argumento central es que California no puede imponer sus propias normas a una operación federal de detención. Según GEO, la SB 942 va más allá de las inspecciones que un tribunal federal ya aceptó en 2019: impone reglas de fondo, multas y acceso obligatorio. La empresa recuerda además que en 2022 el Noveno Circuito, en pleno, anuló la ley californiana AB 32, que prohibía los centros privados de detención, cuando se aplicaba a centros que trabajan para ICE.

Pide que el tribunal declare la ley inconstitucional en cuanto se aplica a GEO en sus centros para ICE y que ordene, de forma preliminar y definitiva, que el fiscal general no la haga cumplir contra la empresa.

¿Esto afecta a los dominicanos?

Solo en un caso concreto. La SB 942 aplica a cualquier persona detenida en esos centros, sin importar su nacionalidad. Si un familiar dominicano está detenido en California, lo que decida la corte podría influir en qué protecciones puede reclamar el estado. Para quien vive o está detenido en otro estado, la ley no aplica: es una ley estatal de California.

Qué no significa esto

• La corte todavía no ha decidido nada. No hay una orden que frene la ley y no se ha fijado una decisión sobre la medida preliminar que pide GEO.
• La demanda solo pide frenar la ley contra GEO; no pide anular los derechos de los detenidos en general.
• No cambia ningún requisito migratorio ni el estatus de nadie.
• Es una ley estatal, no federal. Lo que se discute es quién puede regular esos centros.

Qué hacer

Si tienes un familiar detenido, lo más útil es ubicarlo en el localizador de detenidos de ICE, tener a mano su número de extranjero (número A) y consultar con un abogado de inmigración o con una organización que ofrezca asistencia legal gratuita. Si tienes dudas sobre tu propio caso, consúltalo con un profesional antes de actuar: esta nota informa, no sustituye la asesoría individual.