Juez frena las multas de hasta $1.8 millones a migrantes con orden final de deportación

Un juez federal de Boston frenó, de forma preliminar, las multas de hasta 1.8 millones de dólares que el gobierno de Trump imponía a migrantes que no salieron del país después de recibir una orden final de deportación. La decisión, del juez George O’Toole, fue reportada el 5 y 6 de octubre de 2026 y bloquea tanto el cobro como el proceso acelerado con que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitía esas sanciones mientras continúa el juicio.

Qué pasó

El caso se llama Maria L. v. Mullin y se tramita en la corte federal del Distrito de Massachusetts. Lo presentaron en noviembre de 2025 dos migrantes con multas y el Immigrant Legal Resource Center, con apoyo de varias organizaciones de derechos de inmigrantes, como una demanda colectiva. Según la demanda, el grupo afectado sumaba entonces más de 21,500 personas con multas por más de 6,000 millones de dólares.

Según los reportes de prensa, el juez concluyó que el DHS violó la ley federal de procedimiento administrativo por dos razones principales:

• Las multas se emitían con formularios estándar que no explicaban por qué se sancionaba a cada persona ni evaluaban si no salir del país había sido voluntario o deliberado.
• El gobierno cambió el proceso con una regla provisional publicada el 27 de junio de 2025 que entró en vigor de inmediato, sin pedir comentarios del público.

También habría señalado que las multas empujarían a los demandantes a la ruina económica.

De dónde salen estas multas

La ley federal permite imponer una sanción civil a quien, habiendo recibido una orden final de deportación, se queda en el país de forma voluntaria y deliberada. La norma existe desde 1996, pero, según lo reportado, administraciones anteriores no la aplicaron de esta manera. La multa llega a unos 998 dólares por día, con un máximo reportado de 1.8 millones de dólares por persona.

La prensa reporta que, entre enero de 2025 y julio de 2026, el DHS emitió más de 103,000 multas por unos 84,000 millones de dólares, una cifra muy superior a lo que se había logrado cobrar.

¿Esto afecta a los dominicanos?

Afecta directamente a cualquier dominicano que tenga una orden final de deportación y haya recibido una notificación de multa, o que pudiera recibirla. No afecta a quienes tienen un caso abierto, una visa vigente o un estatus legal. Como la decisión se dio dentro de una demanda colectiva, los reportes indican que alcanza a las personas a las que el DHS aplicó estas multas, no solo a las dos demandantes originales. Aun así, conviene confirmar con un profesional si tu caso queda cubierto.

Qué no significa esto

• No es una sentencia final. Es una orden preliminar: el juicio sigue y el gobierno puede apelar. Los reportes consultados no dicen si lo hará.
• No da estatus migratorio ni cancela una orden de deportación, y tampoco frena una deportación.
• No declara inválida la ley de 1996. Frena este proceso acelerado y el cobro mientras dura el caso.
• Los reportes no aclaran qué pasa con las multas que ya se pagaron.

Qué podría pasar

El gobierno puede pedir a un tribunal de apelaciones que suspenda la orden, o el juez puede dictar más adelante una decisión final sobre la legalidad de la regla. Hasta entonces, el cobro de estas multas queda detenido, pero la situación puede cambiar en las próximas semanas según lo que decidan las partes y la corte.

Qué hacer

• Si recibiste una notificación de multa, guárdala completa y anota las fechas: algunas decisiones dependen de los plazos para responder.
• No la ignores ni pagues por tu cuenta sin entender tus opciones.
• Consulta con un abogado o una organización acreditada para saber si tu caso entra en la demanda y qué pasos conviene dar. Esta nota es informativa y no sustituye asesoría individual.