Gobierno y Texas defienden ante la Corte Suprema el fin del cierre de casos

El Departamento de Justicia (DOJ) y el estado de Texas le pidieron a la Corte Suprema que rechace la solicitud de emergencia de tres ciudades y una organización de ayuda legal que quieren frenar el acuerdo que eliminó el «cierre administrativo» en los tribunales de inmigración. Las respuestas se presentaron el 22 de octubre de 2026 y las ciudades contestaron el 23 de octubre. Con eso, el expediente ya está completo y falta que la Corte decida.

Qué es el cierre administrativo

Es una herramienta que permitía a los jueces de inmigración sacar temporalmente un caso del calendario activo, por ejemplo mientras USCIS resuelve otro trámite de la persona. Cerrar un caso así no da estatus legal ni cancela la deportación: solo pausa el proceso. Ya te explicamos el origen del conflicto en nuestra nota del 10 de octubre.

Qué pasó

• 22 de junio de 2026: Texas demandó una regla del DOJ de 2024 que regulaba esos cierres. Ese mismo día el gobierno federal se unió a Texas y el juez federal Reed O’Connor anuló la regla en todo el país mediante una sentencia por consentimiento.
• 9 de octubre: Baltimore, Columbus, New Haven y la organización Centro Legal de la Raza pidieron a la Corte Suprema suspender esa sentencia mientras apelan. El expediente es el n.º 26A500, según el registro oficial de la Corte Suprema.
• 15 de octubre: el juez Samuel Alito, a quien corresponde este tipo de solicitudes que vienen del Quinto Circuito, pidió respuestas antes de las 4 p. m. del 22 de octubre.
• 22 de octubre: el gobierno federal y Texas presentaron sus respuestas.
• 23 de octubre: las ciudades y Centro Legal presentaron su réplica.

Lo que dice cada parte

El gobierno federal sostiene, en su escrito del 22 de octubre, que las ciudades y la organización no tienen «legitimación» (standing) para impugnar la sentencia, porque la regla anulada no las regula a ellas sino a personas en proceso de deportación. Afirma que el daño que alegan las ciudades, como menos ingresos por impuestos o menos cooperación de víctimas de delitos, depende de una cadena de pasos muy larga y especulativa. Añade que las ciudades ni siquiera alegan que tengan en su territorio personas con casos cerrados que se verían afectadas.

Las ciudades y Centro Legal de la Raza responden, en su réplica del 23 de octubre, que sí tienen legitimación y que la sentencia fue el resultado de una «colusión» entre Texas y el gobierno, que dejó de defender su propia regla. Señalan que el gobierno no respondió de fondo a esa acusación y que la Corte probablemente aceptaría revisar el caso.

¿Esto afecta a los dominicanos?

Afecta a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que tenga un caso abierto en la corte de inmigración y otro trámite en marcha, como una petición familiar o una visa U o T. No hay cifras públicas de cuántos dominicanos tienen un caso cerrado administrativamente, así que no es posible decir cuántos podrían verse afectados. Lo que sí se sabe es que la sentencia ya está vigente mientras la Corte Suprema decide.

Qué no significa esto

• La Corte Suprema todavía no decidió nada ni anunció cuándo lo hará. Alito puede resolver solo o enviar la solicitud al tribunal completo.
• Un escrito de respuesta no es una decisión. Hasta que la Corte actúe, la sentencia que anuló la regla sigue en vigor.
• El cierre administrativo no es un estatus ni una protección permanente. Si tu caso estaba cerrado, puede volver al calendario.

Qué hacer

1. Confirma en el sistema de consulta de casos de EOIR si tu caso está activo o cerrado.
2. Si estaba cerrado administrativamente, no asumas que seguirá así: pide a un abogado o representante acreditado que revise tus opciones y las fechas de cada trámite pendiente.
3. Mantén actualizada tu dirección ante la corte y ante USCIS, y guarda copia de todo lo que presentes.
4. Desconfía de quien te prometa que tu caso quedó «cerrado para siempre». Cada situación es distinta, así que conviene consultar con un profesional antes de decidir.