Ciudades piden a la Corte Suprema salvar el cierre de casos de inmigración

Tres ciudades de Estados Unidos —Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut)— le pidieron a la Corte Suprema que frene un acuerdo entre el estado de Texas y el Departamento de Justicia (DOJ). Ese acuerdo eliminó, en todo el país, la regla que permitía a los jueces de inmigración pausar ciertos casos de deportación. La solicitud de emergencia se presentó el 9 de octubre de 2026 y la Corte todavía no ha respondido.

Qué es el cierre administrativo

El cierre administrativo es una herramienta de manejo del calendario de las cortes de inmigración. Cuando un caso se cierra administrativamente, el juez no emite una decisión final y la deportación sigue pendiente, pero el caso sale temporalmente del calendario activo. Se usa, por ejemplo, cuando la persona espera que USCIS resuelva una petición familiar, una visa U o T, u otro trámite que podría cambiar el resultado del caso.

Es importante entenderlo bien: cerrar un caso no da estatus legal, no cancela la orden de comparecer ante la corte y no impide que el caso se reabra más adelante, como explica el análisis del bufete Wilner & O’Reilly.

Qué pasó

• 22 de junio de 2026: Texas demandó una regla del Departamento de Justicia de 2024, llamada Efficient Case and Docket Management in Immigration Proceedings, que establecía cuándo los jueces y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) podían cerrar y reabrir casos.
• Ese mismo día: el DOJ no defendió su propia regla y se unió a Texas para pedir que se anulara. El juez federal Reed O’Connor, del Distrito Norte de Texas, dictó una sentencia por consentimiento: declaró que la regla excedía la autoridad legal del gobierno, la anuló en todo el país y prohibió que se adopte otra regla parecida salvo que el Congreso lo autorice expresamente. El caso es State of Texas v. United States Department of Justice (7:26-cv-00070), según el expediente en CourtListener.
• Después: las tres ciudades y la organización Centro Legal de la Raza intentaron intervenir para defender la regla. Los tribunales inferiores no se lo permitieron, y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito negó pausar la sentencia.
• 9 de octubre de 2026: presentaron la solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, que fue informada por The Hill y por el comunicado de Democracy Forward, la organización que las representa.

Lo que dice cada parte

Las ciudades y Centro Legal de la Raza sostienen que Texas y el gobierno federal no eran partes realmente contrarias, y que el gobierno «anunció de antemano que no defendería una regla que no le gusta» y colaboró con quien la demandó desde el primer día. Según ellas, eso evitó el proceso público que exige la ley para cambiar una regla federal. Argumentan que el cierre administrativo protege a niños en situación de abandono, a víctimas de delitos violentos y a personas que esperan respuesta de USCIS, y que ayuda a la policía local a obtener la cooperación de víctimas y testigos.

El Departamento de Justicia y Texas sostienen lo contrario. En un escrito ante el tribunal inferior, el DOJ afirmó que permitir a los jueces pausar un caso por tiempo indefinido, «a menudo por décadas, si no para siempre», iría en contra de lo que ordenó el Congreso.

¿Esto afecta a los dominicanos?

Afecta a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que esté en proceso de deportación y tenga —o espere— otro trámite en marcha, como una petición familiar, una visa U o T u otra forma de protección. No hay cifras públicas de cuántos dominicanos tienen un caso cerrado administrativamente, así que no es posible decir cuántos podrían verse afectados. Lo que sí está claro es que la sentencia ya está en vigor mientras la Corte Suprema decide qué hacer.

Qué no significa esto

• La Corte Suprema no ha decidido nada. La solicitud va primero al juez Samuel Alito, quien maneja por defecto las emergencias que vienen de Texas. Puede decidir solo o remitirla al tribunal completo.
• El cierre administrativo no es un estatus ni una protección permanente. Solo pausa un caso.
• La sentencia no resuelve por sí sola cada caso individual. Lo que cambia es que los jueces ya no cuentan con la regla de 2024 para cerrar casos, y que algunos casos hoy cerrados podrían volver al calendario.

Qué hacer

1. Si tienes un caso en la corte de inmigración, confirma en el sistema oficial de consulta de casos de EOIR si está activo o cerrado.
2. Si tu caso está cerrado administrativamente, no asumas que seguirá así. Pide a un abogado o a un representante acreditado que revise tus opciones y la fecha de cada trámite pendiente.
3. Mantén tu dirección actualizada ante la corte y ante USCIS, y guarda copia de todo lo que presentes.
4. Desconfía de quien te prometa que «tu caso quedó cerrado para siempre». Cada situación es distinta, por lo que conviene consultar con un profesional antes de tomar decisiones.